Tras el debate público sobre el impacto de servicios online como Airbnb y HomeAway en el centro de las ciudades y en el precio de la vivienda para el hombre “de a pie” en España, las autoridades locales están tomando medidas cada vez más estrictas contra la compra desenfrenada de pisos para alquiler turístico. Por un lado, para proteger el mercado local de la vivienda y, por otro, para proteger la industria hotelera.